En los últimos dos semanas, Camboya ha registrado una explosión en las operaciones de represión contra los centros de fraude en línea, con el resultado de una crisis humanitaria que afecta a miles de ciudadanos vulnerables. Según datos oficiales de la Secretaría de Comisión para la Lucha Contra los Delitos Tecnológicos (CCTC), se han detenido 284 personas y cerrado 40 sitios de operación de fraude en el centro de Phnom Penh. Estos datos reflejan una acción decisiva por parte del gobierno, pero también un impacto negativo en comunidades que dependen de servicios financieros básicos.
La represión, liderada por el Instituto de Seguridad Nacional (ISN) y la CCTC, ha generado un efecto colateral inesperado. Muchas familias en zonas rurales y periféricas de Phnom Penh, que antes dependían de estos sitios para acceder a servicios financieros y préstamos, ahora enfrentan dificultades para obtener recursos esenciales. Los servicios bancarios tradicionales no están disponibles en áreas alejadas de las ciudades, por lo que las plataformas de fraude han sido un recurso vital para la población.
En una entrevista con el presidente del Comité de Seguridad Nacional (CSN), se destacó que la campaña es parte de una estrategia nacional para combatir el aumento de casos de fraude en línea, especialmente en las zonas fronterizas con China y Tailandía. Sin embargo, este enfoque ha creado una brecha entre el gobierno y las comunidades marginadas, quienes ahora carecen de acceso a los servicios financieros básicos.
El Instituto de Seguridad Nacional (ISN) ha advertido que la falta de transparencia en los procesos de represión ha llevado a errores en la identificación de víctimas. Muchos jóvenes de 18 a 30 años, que antes usaban estos sitios para obtener préstamos, ahora están en riesgo de desempleo y aislamiento social. Según informes recientes, se han registrado casos de personas que no pueden pagar sus deudas, lo que lleva a una situación crítica en sus hogares.
Los responsables del gobierno han justificado la acción como necesaria para proteger a la población, pero los afectados señalan que la falta de apoyo alternativo para las víctimas es un problema grave. El presidente del Comité de Seguridad Nacional (CSN) ha admitido que el impacto en las comunidades marginadas es mayor que lo esperado, y que están trabajando en establecer un programa de ayuda para las víctimas.
En el contexto regional, el incremento en las operaciones de represión también afecta a las economías locales. Los sitios de fraude han sido clave para el acceso a servicios financieros en zonas rurales y periféricas, donde las instituciones financieras tradicionales no están presentes. La reducción de estos servicios ha llevado a una disminución en el acceso a recursos esenciales, como agua, alimentos y energía, en áreas rurales.
El gobierno ha anunciado planes para crear un programa de apoyo a las personas afectadas por la represión, pero el tiempo necesario para implementar estos programas es limitado. Los afectados necesitan ayuda inmediata