AySA: El Gobierno Avanza con la Privatización de la Empresa
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El Gobierno nacional ha puesto en marcha el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. La medida implica la transferencia del 90% de las acciones de la empresa a capitales privados.
Detalles de la Privatización
El esquema de privatización será mixto, combinando una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital a otros inversores. Se contempla la permanencia de los empleados como accionistas, representando el 10% del capital social a través del Programa de Propiedad Participada.
Según Adorni, la estatización de AySA en 2006 requirió aportes estatales significativos, superando los 13.400 millones de dólares. El vocero también señaló un deterioro en la infraestructura y un aumento en los costos operativos durante la gestión estatal, incluyendo un incremento del 90% en la dotación de personal y una morosidad del 16%.
AySA: Un Servicio Esencial para Millones
AySA provee agua potable y servicios de cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, atendiendo a más de 14 millones de personas. La empresa gestiona una extensa red de infraestructura, incluyendo plantas potabilizadoras, depuradoras y miles de instalaciones intermedias.
Infraestructura Clave
- Más de 27.000 kilómetros de redes de agua potable y desagües cloacales.
- 3 plantas potabilizadoras, incluyendo la Planta General San Martín.
- 14 plantas depuradoras para el tratamiento de líquidos cloacales.
La privatización, según el Gobierno, busca modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio, bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores.
Críticas y Controversias
La decisión de privatizar AySA ha generado debate, con voces a favor argumentando que impulsará la eficiencia y la inversión, mientras que detractores temen por el acceso al agua potable y el saneamiento para los sectores más vulnerables. El debate sobre el rol del Estado en la prestación de servicios esenciales como el agua potable sigue abierto.