Freno Judicial al Desguace del INTI: ¿Qué Implicaciones Tiene?
Colaboradores
Un fallo judicial reciente ha puesto un freno a las políticas de ajuste del gobierno nacional, específicamente en lo que respecta al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, dictó una medida cautelar que impide al gobierno realizar cambios estructurales en el INTI por un plazo de seis meses. Esta medida incluye la prohibición de reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal y la supresión de estructuras dentro del organismo.
¿Qué motivó esta decisión judicial?
La decisión de la jueza Forns responde a una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes argumentaron que las medidas impulsadas por el gobierno, a través del decreto 462/2025, ponían en riesgo la operatividad del INTI y los derechos de sus trabajadores. El decreto en cuestión buscaba transformar al INTI en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, además de transferir sus ingresos al Tesoro Nacional.
El gobierno justificó estas acciones argumentando que el INTI posee una estructura sobredimensionada y una escasa articulación entre sus funciones estratégicas y las necesidades del sector industrial. Sin embargo, la Justicia consideró que estas medidas podrían causar perjuicios irreparables y decidió preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Reacciones y perspectivas
Este fallo ha sido recibido con alivio por los trabajadores del INTI y por diversos sectores que ven en el instituto un organismo clave para el desarrollo industrial y tecnológico del país. Sin embargo, también ha generado críticas por parte de quienes consideran que el gobierno debe tener la libertad de reestructurar el Estado para hacerlo más eficiente.
La Sociedad Rural Argentina, por ejemplo, ha expresado su interés en que el INTI siga funcionando, pero subordinado a los intereses del agronegocio. Esto plantea interrogantes sobre el futuro del instituto y su rol en el desarrollo de una industria nacional diversificada y sostenible.
¿Qué sigue?
La medida cautelar tiene una duración de seis meses, durante los cuales la Justicia deberá analizar la legalidad del decreto 462/2025. Mientras tanto, el INTI seguirá funcionando con su estructura actual. Este fallo representa un respiro para el instituto y sus trabajadores, pero la batalla por su futuro aún no ha terminado.
- La decisión judicial frena temporalmente el desguace del INTI.
- ATE celebra la medida cautelar.
- Sigue la incertidumbre sobre el futuro del organismo.