Corte Suprema ordena al Estado pagar costas judiciales a ex fiscal Goyeneche
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictaminado que el Estado provincial deberá asumir los costos legales y honorarios de los abogados de Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción que fue destituida de manera irregular en 2022. Esta resolución se produce en el marco del proceso judicial que anuló la remoción de Goyeneche, quien lideró investigaciones contra el ex gobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción en 2022.
Si bien los montos exactos a pagar aún no han sido definidos, se determinarán en una instancia posterior. La decisión fue formalizada este martes, tras el fallo de la Corte en diciembre de 2024 que declaró nula la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento provincial que destituyó a Goyeneche. En aquel fallo, la Corte no había abordado la cuestión de las costas judiciales, lo que llevó a la exfuncionaria a presentar una solicitud.
La resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se basa en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que las costas deben ser impuestas a la parte vencida, a menos que existan razones justificadas para apartarse de esta norma. En este caso, la Corte consideró que no existían tales razones, obligando al Estado entrerriano a cubrir todos los gastos incurridos durante el extenso proceso judicial.
De esta manera, la Corte Suprema favorece a los abogados Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla, quienes representaron a Goyeneche en el litigio. Además, se ha ordenado la devolución del depósito judicial efectuado en la sentencia de diciembre pasado.
Implicaciones de la Decisión
Esta decisión de la Corte Suprema subraya la importancia de garantizar la independencia judicial y la protección de los funcionarios que investigan casos de corrupción. La imposición de las costas al Estado provincial refuerza la idea de que la justicia debe ser accesible y que aquellos que han sido perjudicados por decisiones injustas deben ser compensados por los gastos legales incurridos en su defensa.
El caso de Cecilia Goyeneche ha generado un debate público sobre la integridad del sistema judicial y la necesidad de proteger a los fiscales y jueces que actúan con valentía para combatir la corrupción.