Paro Nacional en Universidades: FATUN Lanza Medida de Fuerza
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ha anunciado un paro nacional de 24 horas, programado para el próximo miércoles, en protesta por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión, tomada en un plenario virtual, intensifica la tensión entre los trabajadores universitarios y el gobierno nacional.
Según la FATUN, a pesar del rechazo parlamentario al veto presidencial hace más de un mes, el Poder Ejecutivo sigue sin aplicar la ley, lo que agrava la situación financiera de las universidades públicas. "Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades; sin universidades, no hay futuro", enfatizaron en un comunicado, reflejando la profunda preocupación del sector.
Reclamos y Acciones Conjuntas
Este paro se suma a las 72 horas de huelga realizadas por los docentes universitarios la semana pasada, quienes también exigían la implementación de la ley, la recomposición salarial y un presupuesto universitario adecuado para 2026. La FATUN ha decidido ir más allá, iniciando acciones judiciales para forzar la aplicación de la ley y coordinando esfuerzos con el Frente Sindical, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
- Reclamo principal: Implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Acciones: Paro nacional, acciones judiciales y coordinación con otros actores del sector educativo.
- Preocupación: Deterioro de la situación salarial y económica de los trabajadores no docentes.
Impacto y Perspectivas
La medida de fuerza busca visibilizar la crítica situación salarial y económica que enfrentan los trabajadores no docentes, agravada por la falta de actualización presupuestaria. La federación ha destacado la importancia de la unidad de acción lograda al modificar la fecha original del paro, asegurando la participación de todos sus gremios de base.
El paro nacional plantea serias interrogantes sobre el futuro de la educación pública en Argentina y la capacidad del gobierno para responder a las demandas del sector universitario. La resolución de este conflicto será crucial para garantizar la continuidad y calidad de la educación superior en el país.