El tan esperado aumento del nomenclador de discapacidad para 2025, anunciado por la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), ha generado una ola de indignación entre las organizaciones y prestadores del sector. El incremento, que oscila entre el 29% y el 35%, es considerado a todas luces insuficiente y una flagrante violación de la ley de Emergencia votada por el Congreso.
¿Un Aumento que No Cumple?
Según denuncian las organizaciones, el aumento anunciado llega con un año de retraso y, lo que es peor, no alcanza ni siquiera la mitad de lo estipulado por la ley, que establecía un piso del 70%. La actriz Vanina Bassi, referente del colectivo, calificó la situación como "repugnante", reflejando el sentir generalizado de un sector que se siente abandonado por el Estado.
La Voz de la Protesta
La semana pasada, diversas organizaciones se movilizaron frente a Casa Rosada para expresar su descontento. La consigna principal: exigir el cumplimiento de la ley y una respuesta urgente a la crisis que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias.
¿Qué Implica este Incumplimiento?
El incumplimiento de la ley de Emergencia tiene consecuencias devastadoras para los prestadores, quienes ven comprometida su capacidad de brindar servicios de calidad. Esto, a su vez, afecta directamente a las personas con discapacidad, que dependen de estos servicios para su bienestar y desarrollo.
Un Estado Ausente
La situación actual refleja un preocupante retroceso en las políticas de inclusión y apoyo a las personas con discapacidad. El Estado, lejos de brindar soluciones, parece retirarse, dejando al sector en una situación de extrema vulnerabilidad.
Mientras tanto, crecen las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a la ANDIS, específicamente, sobre un esquema de sobornos vinculados a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según audios revelados, Karina Milei, hermana del presidente, recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina, generando entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. Aunque no ha sido formalmente imputada, su nombre y el de Javier Milei han sido vinculados al caso debido a su cercanía con el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y su influencia en la gestión de la agencia.
La incertidumbre y la indignación continúan creciendo, mientras el sector de la discapacidad exige respuestas y soluciones concretas por parte del gobierno.