Escándalo Sacude la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
Un nuevo escándalo de corrupción ha estallado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), salpicando directamente a figuras cercanas al gobierno actual. Audios filtrados de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, revelan un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.
Según las explosivas declaraciones de Spagnuolo, Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, estaría recibiendo un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina. Esta droguería, a su vez, cobraría un 8% adicional a los proveedores, generando ganancias ilícitas estimadas entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.
La Conexión Milei y las Implicaciones del Caso
Si bien Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre ha surgido repetidamente en la investigación debido a su estrecha relación con Spagnuolo y su reconocida influencia en la gestión de la ANDIS. La cercanía de Javier Milei con el exdirector también ha levantado interrogantes sobre su posible conocimiento o participación en el esquema.
La gravedad de las acusaciones radica en el desvío de fondos destinados a la atención de personas con discapacidad, un sector vulnerable que depende del correcto funcionamiento de la ANDIS para acceder a medicamentos y servicios esenciales. Este escándalo no solo socava la confianza en las instituciones públicas, sino que también plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética en la gestión del gobierno actual.
- Acusaciones Directas: Diego Spagnuolo señala a Karina Milei como beneficiaria de comisiones ilegales.
- Montos Significativos: Se estima que el esquema generaba cientos de miles de dólares mensuales.
- Impacto en Personas con Discapacidad: El desvío de fondos afecta directamente la calidad de vida de los beneficiarios de la ANDIS.
Las investigaciones continúan en curso, y se espera que en los próximos días se produzcan nuevas revelaciones que aclaren el alcance de este escandaloso caso de corrupción. La sociedad argentina exige transparencia y justicia para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos.