Ciudad de México se convirtió en escenario de violentos enfrentamientos durante protestas masivas contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Miles de manifestantes, inicialmente liderados por jóvenes de la "Generación Z", se movilizaron para expresar su indignación por la creciente inseguridad y los asesinatos de alto perfil, incluyendo el del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
La chispa de la indignación juvenil
La protesta, que también se extendió a otras ciudades del país, fue convocada por grupos juveniles que exigen respuestas contundentes ante la ola de violencia que azota México. Los manifestantes denunciaron la inacción del gobierno y exigieron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La figura del alcalde asesinado de Uruapan, quien había abogado por una política de mano dura contra los cárteles, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad.
Enfrentamientos y represión
La tensión escaló cuando los manifestantes intentaron derribar las vallas que protegen el Palacio Nacional, residencia de la presidenta Sheinbaum. La policía respondió con gases lacrimógenos, lo que provocó enfrentamientos violentos que dejaron un saldo de al menos 120 heridos, la mayoría de ellos agentes de policía. Las autoridades informaron sobre la detención de 20 personas acusadas de delitos como robo y agresión.
Acusaciones y controversias
La presidenta Sheinbaum acusó a políticos de derecha de financiar las protestas y de manipular a los jóvenes. Sin embargo, los manifestantes negaron estas acusaciones y afirmaron que su movilización es una expresión genuina de la frustración y el descontento popular. La controversia en torno a la protesta ha generado un intenso debate en la sociedad mexicana sobre la responsabilidad del gobierno en la lucha contra la inseguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos.
Más allá de las acusaciones cruzadas, la realidad es que la protesta juvenil en México ha puesto de manifiesto un profundo malestar social y una creciente desconfianza en las instituciones. El futuro político del país dependerá de la capacidad del gobierno para responder a las demandas de los ciudadanos y para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos.