La Sociedad Rural Argentina (SRA) ha manifestado su profunda preocupación por la Ley Fiscal impulsada por el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, especialmente en lo que respecta al Impuesto Inmobiliario Rural. En un comunicado, la SRA expresó su inquietud ante la delegación de facultades clave al Poder Ejecutivo, lo que, según la entidad, genera incertidumbre y dificulta la planificación del sector agropecuario.
Incertidumbre en el Agro Bonaerense
La SRA advierte que el proyecto de ley traslada atribuciones centrales al Ejecutivo, afectando la previsibilidad necesaria para los productores. El Artículo 133, en particular, permite al Ejecutivo intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta clara, lo que impide la consulta con instituciones locales y la comunidad productiva.
Modificaciones y Falta de Claridad
Además, el artículo 167 permite modificar las cuotas no vencidas durante el ejercicio fiscal, impactando directamente en la capacidad de planificación de los productores. El esquema de bonificaciones también presenta definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley, lo que genera aún más inseguridad normativa.
- Falta de criterios consensuados para las valuaciones.
- Posibilidad de modificar cuotas durante el ejercicio fiscal.
- Definiciones abiertas en el esquema de bonificaciones.
Reclamo a la Legislatura
Ante este panorama, la SRA insta a la Legislatura provincial a asumir su responsabilidad constitucional y definir claramente los criterios, límites y alcances del Impuesto Inmobiliario Rural, evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo. La entidad considera que la ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial crea un escenario de inseguridad jurídica perjudicial para el sector agropecuario.
Este reclamo se suma a otras críticas recibidas por el proyecto de Ley Fiscal, que busca modificar aspectos clave de la recaudación impositiva en la provincia de Buenos Aires. El debate en la Legislatura se presenta como un escenario clave para definir el futuro del Impuesto Inmobiliario Rural y la relación entre el gobierno provincial y el sector agropecuario.