La detención de Jair Bolsonaro por la Policía Federal en Brasilia ha sacudido el panorama político latinoamericano. El ex-presidente fue arrestado en su domicilio este sábado, bajo una orden emitida por el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF). La medida, calificada como preventiva, se produce en el contexto de la investigación sobre la supuesta trama golpista.
¿Por qué la detención preventiva?
Según fuentes de la Policía Federal, la convocatoria a una vigilia frente al domicilio de Bolsonaro, organizada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, habría influido en la decisión de solicitar la prisión preventiva. El ministro Moraes también aludió a un posible riesgo de fuga a la embajada de Estados Unidos, así como a la violación de la tobillera electrónica por parte del ex-mandatario.
Reacciones y controversias
La noticia ha generado diversas reacciones. Mientras algunos celebran el accionar de la justicia, otros lo consideran un acto de persecución política. Fabio Wajngarten, ex jefe de comunicación de Bolsonaro, calificó la detención como "VERGONZOSA", destacando el estado de salud del ex-presidente.
Bolsonaro fue sometido a un examen de cuerpo de delito y permanecerá en una celda especial en la Superintendencia de la PF en Brasilia. Se ha programado una audiencia de custodia por videoconferencia para el domingo.
¿Es un caso de Lawfare?
Este arresto inevitablemente trae a la memoria el concepto de "lawfare", la utilización del sistema judicial con fines políticos. ¿Está Bolsonaro siendo víctima de una persecución orquestada por sus opositores? ¿O se trata de un legítimo proceso judicial en busca de la verdad?
La situación es compleja y polarizada. La justicia deberá actuar con transparencia e imparcialidad para garantizar un debido proceso y evitar cualquier sospecha de manipulación política.
El caso de Bolsonaro, como el de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, plantea interrogantes sobre la independencia judicial y el respeto a las garantías constitucionales. Es fundamental que se preserve el Estado de Derecho y se evite cualquier forma de persecución política disfrazada de legalidad.