Un escándalo sacude la provincia de Santa Fe. Carlos Vaudagna, exdirector regional de la AFIP en las sedes de Santa Fe y Rosario, ha sido procesado y embargado por una suma millonaria que asciende a 700 millones de pesos. La medida fue dictada por el juez federal de Reconquista, Ricardo Mianovich, en el marco de una investigación por presunto encubrimiento en la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones.
Junto a Vaudagna, también fue procesado Omar Scarel, expresidente y exsíndico de la agroexportadora Vicentin, quien recibió un embargo de 200 millones de pesos. Ambos están acusados de participar en maniobras para ocultar la apropiación indebida de más de 143 millones de pesos en reintegros de IVA.
Acusaciones y cargos contra el ex-Director de AFIP
Las acusaciones contra Vaudagna son graves. Se le imputa el delito de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por su condición de funcionario público y por el delito precedente. Además, enfrenta cargos por lavado de activos agravado por su habitualidad y por haber sido cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
Investigación por lavado de activos
En mayo de 2025, los fiscales Juan Argibay, Roberto Salum y Esteban Venditti solicitaron ampliar la indagatoria a Vaudagna por el delito de lavado de activos. Según la imputación, el exfuncionario habría ingresado al sistema económico legal dinero de origen ilícito a través de diversas operaciones y la utilización de empresas creadas o adquiridas para tal fin entre 2015 y 2024. Esto sugiere que Vaudagna no solo buscaba encubrir un delito fiscal, sino también "blanquear" patrimonio obtenido de forma ilegal.
El rol de Vicentin en el caso
La implicación de Vicentin en este caso añade un nuevo capítulo a la ya compleja situación de la agroexportadora. La investigación busca determinar el alcance de la participación de Scarel y otros directivos de la empresa en las maniobras de apropiación indebida de reintegros de IVA.
Se esperan nuevas indagatorias en la ciudad de Santa Fe, a medida que la investigación avanza y se profundiza en el entramado de las operaciones financieras y societarias que permitieron el presunto encubrimiento y lavado de activos. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles y la transparencia en la administración pública, así como la importancia de investigar y sancionar los delitos económicos que afectan al Estado y a la sociedad en su conjunto.